Cecilia Molina. URICI (Madrid)

 

El año 2011 ha acabado con la aprobación del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso.

Este nuevo texto actualiza y renueva la normativa archivística española que databa de 1901 (Real Decreto de 22 de noviembre de 1901, por el que se aprueba el Reglamento de Archivos del Estado).

El Ministerio de Cultura se define como órgano coordinador del Sistema Español de Archivos, y la elaboración de un Censo-Guía de Archivos de los bienes integrantes del Patrimonio Documental, es uno de los primeros pasos a destacar que plantea la norma.

Su enfoque como texto legislativo que atañe al mundo de los archivos en nuestro país es triple, ya que pretende:

• Modernizar la Administración, mejorando la organización, la eficiencia y la cooperación entre ministerios y entre administraciones en la gestión archivística.
• Reforzar la transparencia y la información pública, garantizando el derecho de la ciudadanía de acceso a los archivos y mejorando el acceso electrónico.
• Facilitar la tarea de investigación a universidades y científicos de diferentes áreas del conocimiento.

Para conseguir el primero de estos objetivos, la nueva regulación crea el Consejo de Cooperación Archivística, órgano colegiado y de composición interadministrativa, para permitir la comunicación archivística dentro de un marco dinámico de cooperación entre administraciones. Basando así la gestión archivística en el concepto de servicio público.

Para mejorar la coordinación archivística, establece la Comisión de Archivos de la Administración General del Estado, órgano interministerial adscrito al Ministerio de la Presidencia, que establecerá instrucciones y criterios con el fin de normalizar las tareas archivísticas que se realicen en las distintas etapas del ciclo documental y en los diferentes archivos de la Administración General de Estado.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) sirven de medio y de justificación a la hora de abordar el segundo objetivo, debido a la importancia de su uso en la gestión, tratamiento y difusión de los documentos.

El Real Decreto presenta un procedimiento administrativo común en la solicitud de acceso a los documentos conservados en los archivos de la Administración General del Estado, reconociendo a los ciudadanos una serie de derechos de información y acceso. Además establece que la resolución de la solicitud de acceso o consulta deberá adoptarse y notificarse en el plazo máximo de un mes desde su recepción por el órgano competente y contempla el silencio administrativo como positivo.

El tercer objetivo pasa por el impulso de la investigación científica y el desarrollo e innovación tecnológica dentro del ámbito archivístico. De esta forma los archivos se convierten en centros promotores de proyectos de investigación y los archiveros podrán presentarse como personal investigador a convocatorias nacionales e internacionales.

También favorece la creación de plataformas y proyectos digitales, impulsando la cooperación con otros países y ámbitos culturales, y el desarrollo de programas de digitalización, con el fin de fomentar el conocimiento y la difusión de los documentos que forman parte de una historia común. Facilitando todo ello el desarrollo de una investigación global cuyo resultado final sea la elaboración de conocimiento.

Sólo queda ver cómo se ajustará la normativa a los recientes cambios políticos y su desarrollo práctico en los archivos, que será la verdadera prueba de fuego.